Energía Eléctrica

Por Alejandro Pastrana Valls

La falta de acceso a la energía convencional hace que las personas recurran al uso de otras fuentes de electricidad. En estos casos, la población que no cuenta con este recurso generalmente utiliza querosenos, gasóleos (diesel) y lámparas de gas para solventar esta necesidad. En ciertas circunstancias manejan equipos que utilizan baterías; por ejemplo, lámparas, radios, equipos de sonido y televisores portátiles. Estas alternativas tienen un costo muy importante en términos sociales: calidad de vida baja, reducción de la seguridad y daño ambiental. Por ejemplo, una lámpara de queroseno emite gases tóxicos para el ambiente y también para la salud. Cabe resaltar que además de ser una fuente de energía cara e ineficiente, los proveedores de estos combustibles están probablemente a varios kilómetros de los hogares y pueden abusar con altos precios para el consumidor final. Por el otro lado, los alternadores de coche en ocasiones son utilizados como una alternativa de energía eléctrica; sin embargo, no están diseñados para descargas profundas y casi siempre acaban siendo depositados en basureros no especiales, causando fugas de los ácidos que dañan al medio ambiente.

En el caso particular de México, según el último censo del INEGI en 2010, el 3.81% de las viviendas no tienen acceso a la red eléctrica y hay varios más que tienen un acceso muy deficiente a la misma. No obstante que el nivel de electrificación en México se eleva a 96%, más de 1 millón de hogares mexicanos no tiene hoy en día acceso a este servicio, más de 3.7 millones no tienen agua y más de 1.7 millones no cuentan con servicios de saneamiento (excusados o sanitarios). Este problema se agrava aún más si estos datos son multiplicados por el número promedio de habitantes en cada hogar; 3.9 personas por vivienda. Además de estas cifras catastróficas, lo más grave de todo es que los menos favorecidos son los indígenas del país. En el estado de Chiapas, a partir de las cifras censales se tiene que aproximadamente 62 mil hogares no cuentan con este servicio, representando el 6% de más de 1 millón de hogares que existen en la Entidad.

La energía eléctrica es muy importante para el desarrollo económico del país. La exclusión de los mexicanos a este servicio elemental, significa que millones de personas sin poder emplearla con fines productivos o domésticos y, por lo tanto, su productividad se ve reducida, teniendo un efecto directo en la economía de la familia y de la región.

La electrificación impulsa una mejora sustancial en la calidad y condiciones de vida de los habitantes de comunidades marginadas. Dado que éstos la usarían en procesos productivos como: refrigeración de alimentos, agricultura, acuacultura, avicultura, ganadería, en empacadoras de alimentos, en talleres artesanales, madererías, en la producción de materiales para construcción, en hornos, panaderías y muchas otras actividades.

En términos generales, los beneficios de la electrificación son: I) la calidad de vida de las personas que habitan en las comunidades rurales remotas; II) utilización de fuentes renovables de energía con la tecnología más adecuada y de mejor costo beneficio; III) detonante para desarrollar actividades productivas propias de las comunidades conforme a sus vocaciones naturales con sustentabilidad de los proyectos; IV) reducción de pérdidas por refrigeración de alimentos en general; V) aumento de las cosechas y la posible industrialización; VI) aumento de la productividad de los artesanos por utilización de herramientas eléctricas; VII) mejoras en la comercialización de productos perecederos; VIII) mejoras en las condiciones de seguridad debido al alumbrado público; y, IX) más y de mejor calidad de los servicios públicos.

Sin duda, la electrificación es el primer paso para la salud y calidad de vida de los habitantes. Es un esfuerzo que incentiva la superación de cada una de las carencias, que desafortunadamente, la población menos favorecida, los indígenas, han sufrido desde hace décadas. Esto debe ser, sin duda alguna, una política pública prioritaria para todos los niveles de gobierno.

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