Obligaciones Financieras y Desempleo

Por Alejandro Pastrana Valls

México está viviendo un período económico muy difícil. La turbulencia de la crisis mundial iniciada en 2008 ocasionó una disminución en el crecimiento económico del país y; por ende, una reducción en la población empleada. El Presidente, Felipe Calderón Hinojosa (“el presidente del empleo”), considera este tema como una arista muy importante en el desarrollo de su administración. Desde su toma de posesión en diciembre de 2006 ha buscado los mecanismos necesarios para hacer que el porcentaje de la población empleada se incremente. En el Plan Nacional de Desarrollo, el titular del ejecutivo federal ofreció 800 mil empleos permanentes cada año, cifra que no se ha alcanzado durante su administración. Las cifras del empleo son los indicadores más utilizado por la Presidencia de la República para señalar el avance o retroceso de la economía nacional. Ésta surge de los cambios en el total de cotizantes inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En otras palabras, a las altas de cotizantes (en el ámbito de las empresas del sector privado), se les restan las bajas y con ello se reporta el total de empleos generados. Sin embargo, el ex director, Juan Molinar Horcasitas realizó correcciones a la metodología en el año 2008, ya que el procedimiento empleado tenía errores técnicos y aritméticos. Los errores metodológicos reportaron, en el sexenio del Presidente Vicente Fox, más trabajadores de los que oficialmente registraba el IMSS. En este entorno, los gobiernos estatales, además de combatir los niveles altos de desempleo, han tenido que enfrentarse a grandes problemas presupuestales. La insuficiencia de los recursos les permite hacer poco o nada ante las carencias y demandas sociales. Las demandas son mayores con el pasar de los años y los recursos cada vez más escasos. Es aquí en donde los gobernadores deben tener la capacidad de análisis y visión de estadista para resolver esta coyuntura, la cual se prolongará durante toda su administración. En el período 2005-2010 la recesión económica (la caída en los niveles de empleo), y el crecimiento de las demandas sociales, llevaron a las entidades federativas a enfrentar profundas limitaciones financieras, obligando a obtener nuevas fuentes de recursos que permitiera disponer de ingresos para impulsar el desarrollo estatal. Ello provocó, que la mayoría de los estados contratará financiamiento mediante obligaciones económicas y aumento de pasivos. Las obligaciones financieras representan los compromisos contraídos por los estados mediante la obtención de ingresos provenientes de instituciones financieras y/o crediticias ya sean del interior o exterior del país. Durante el último lustro, 2005-2010, los compromisos contraídos por las entidades crecieron más del 100%, representando más de 148 mil millones de pesos. Los estados con mayor contratación de obligaciones son: Nuevo León (23 mil mdp), Jalisco (14 mil mdp) y Chihuahua (11 mil mdp). En cambio, entidades federativas como: Chiapas (7.3 mil mdp), Distrito Federal (6.7 mil mdp) y Veracruz (5.7 mil mdp) obtuvieron recursos dentro de la media nacional. Lo más importante es que los gobernadores apliquen de manera eficiente y efectiva los recursos económicos, generando los incentivos necesarios para impulsar el crecimiento económico de sus correspondientes entidades. En este sentido, y ya que las cifras del empleo son los indicadores más importantes para la administración del Presidente Felipe Calderón, el Doctor Barceleta Chávez generó un “índice de efectividad ocupacional de las obligaciones financieras”, el cual vincula las obligaciones financieras contraídas y el incremento en el número de empleos generados en cada entidad federativa. De tal manera que valores menores en dicho índice implican una mayor efectividad del gasto. La construcción de dicho índice establece cuatro dimensiones de efectividad: Alta, Media, Baja y Muy Baja. De dicho análisis destaca el estado de Veracruz el cual tiene una situación equilibrada por la relación gasto-incremento del empleo (8.45% entre 2005 y 2010) resultando efectiva y eficiente. En síntesis, las obligaciones financieras contratadas tuvieron un efecto real en la economía, disminuyendo los niveles de desempleo e incentivando el desarrollo económico de dicha entidad. Una manera más simple de calcular el efecto de estas obligaciones sobre los niveles de empleo, es vinculando el incremento de los recursos con el número de empleos creados, proyectando un valor monetario para cada empleo creado. Entre más barato sea, más adecuado y efectivo fue el uso de la obligación financiera. En esta lógica, los estados de Sonora, Hidalgo y Chihuahua tuvieron los montos más elevados en el costo de la generación de cada nuevo empleo, 2.70, 1.07 y 0.20 millones de pesos respectivamente. En cambio, entidades como Morelos, Guerrero y Campeche tuvieron los costos más bajos: 656, 2,407 y 3,345 pesos, para cada caso. En el caso del Distrito Federal, Chiapas y Veracruz, la relación obligación-empleo está alrededor del promedio nacional. Los dos primeros tuvieron un costo asociado para cada plaza de aproximadamente 34 mil pesos y en Veracruz fue de alrededor de 25 mil pesos, reflejándose ello en un incremento en los niveles de empleo de 5.24% en el D.F.; 8.45% para Veracruz y 14.25% en Chiapas. El crecimiento de los niveles de empleo en el estado de Chiapas y la efectividad y eficiencia en el manejo presupuestal en Veracruz son señales de progreso, el cual se ven y verán reflejados en un aumento en la calidad de vida; ejemplos de buen gobierno. Nos leemos en mi correo electrónico, alejandro@pastranavalls.com, y nos seguimos en twitter, @al3k_pv.